El Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, reiteró que los ejecutivos de la empresa Lajun Corporación deberían estar en prisión

SANTO DOMINGO.- El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, reiteró que los ejecutivos de la empresa Lajun Corporación deberían estar en prisión preventiva por la violación de los artículos 174, 175, 176 de la Ley no. 64-00 sobre Medio Ambiente, y a la vez debe nombrarse un administrador judicial para manejar el vertedero de Duquesa. El titular de la cartera ambiental indicó que el pasado 03 de agosto depositaron ante la Fiscalía de la Provincia del Santo Domingo una querella contra los gerentes de la empresa y espera que más temprano que tarde el sistema de justicia accione, y se instruya el expediente a los fines de proceder contra los Sres. Adrián Chistopher Lee-Chin y al civilmente responsable Lajun Corporation S.R.L.

“La administración actual de la empresa Lajun Corporation, S.R.L., maneja de manera inapropiada y violenta las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente; actualmente se producen grandes daños y se pone en riesgo la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo. De no asumirse una posición firme por parte del sistema judicial se pondría en riesgo la salud de la gente en el Gran Santo Domingo, y eso no puede permitirse”, advirtió. Indicó que ya el Ayuntamiento Santo Domingo Norte notificó la rescisión del contrato con la empresa y el pasado 15 de agosto el Ministerio de Medio Ambiente y este ayuntamiento solicitaron al Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la provincia Santo Domingo como medida cautelar la autorización a los fines de designar un administrador judicial de dicho vertedero.

“Urge también nombrar un administrador judicial que se ocupe de las operaciones en el vertedero de Duquesa y puede buscar junto a las autoridades una solución definitiva. Estamos a la espera de la orden del juez”, aseguró. Domínguez Brito precisó que “si bien es cierto que se necesita un precio justo, no menos cierto es que con la salud de la gente no se negocia”. Reveló que actualmente dicha empresa cobra aproximadamente 15 millones de pesos mensuales por diferentes vías, sin ningún tipo de inversión para el manejo de los residuos sólidos, lo que ha obligado a los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte al alquiler de equipos para paliar la situación. “Ante tales dificultades y diferentes esfuerzos por llegar a una conciliación la única alternativa para el Estado dominicano es la nulidad del contrato, la restitución de los derechos inmobiliarios a favor del Estado y procurar la correcta administración de dicho vertedero”, dijo el funcionario.
Publicado: martes, 22 de agosto de 2017, a las 7:44 p.m. (ET)